05 septiembre, 2006

Cruzando el Rubicón

De la tradición de la Antigua Roma nos viene la leyenda del Rubicón. El Rubicón era el nombre de un antiguo río al norte de Italia que ha variado su curso con el correr de los siglos, el cual en los tiempos del Imperio Romano fluía hacia el mar Adriático entre la colonia costera de Ariminum (hoy una ciudad llamada Rimini) y el poblado de Cesena. (Se cree ahora que este río es el río Fiumicino, tras varias investigaciones que culminaron en 1991.)

Cuentan los historiadores de aquélla época que el río era importante por una ley que le prohibía a cualquier general romano cruzar el río al frente de un ejército. El Rubicón era considerado como una especie de línea divisoria entre la provincia romana conocida como la Galia Cisalpina, situada hacia el norte, y el resto de Italia, hacia el sur. La ley se había promulgado para proteger a la república de una amenaza militar interna. Sin embargo, en algo que se cree que ocurrió el diez de enero del año 49 Antes de Cristo (según el calendario romano), Julio César rompiendo la ley cruzó el río al frente de su ejército en su marcha hacia Roma, con lo cual se hizo inevitable un conflicto armado. Antes de esto, Julio César ya había conquistado la Galia para la República Romana, y al llevar a cabo su conquista había logrado amasar un ejército que le era incondicionalmente fiel, lo cual causó gran preocupación en el Senado de Roma que ya veía en él sus intenciones de proclamarse Emperador, motivo por el cual el Senado nombró a Pompeyo Cónsul de Roma, quien a su vez tomó la decisión de ordenarle a César que le entregase sus tropas poniéndolas bajo su mando. Dada la gran enemistad que había entre Julio César y Pompeyo, entregarle sus tropas hubiera sido equivalente a un suicidio para Julio César, motivo por lo cual desobedeció la orden dada por Pompeyo.

De acuerdo con lo que nos cuenta el historiador romano Suetonio, las tropas de Julio César se quedaron acampadas junto al río Rubicón a espera de que Julio César tomase una decisión. De hecho, al desobedecer la orden dada por Pompeyo, Julio César estaba ya en estado de rebelión ante el Senado, motivo por el cual un conflicto armado era solo cuestión de tiempo, pero aunque sus tropas le eran fieles, pedirles cruzar junto con él el río Rubicón para marchar sobre Roma exponía a todos a un castigo severo como castigo por romper la vieja ley romana. Era necesario un aliciente para mover a las tropas a la acción pese a las consecuencias previsibles en caso de una derrota. Y ello ocurrió con un evento aparentemente sobrenatural (muy posiblemente arreglado de antemano por el astuto Julio César).

Según lo cuenta Suetonio, se apareció ante las tropas un hombre de gran belleza física tocando una flauta de caña, al cual se le acercaron todos a verlo. Después de quitarle la trompeta a uno de los trompeteros, el desconocido dió un salto hasta una piedra que había en el centro del río sentándose en ella, tocando una marcha militar. Prácticamente todo el ejército acudió a ver lo que se consideraba un prodigio sobrenatural. El hombre dió nuevamente otro salto hacia la otra orilla del Rubicón sin dejar de tocar, animando con gestos a los soldados a que lo siguieran. Julio César aprovechó el evento para decirle a sus soldados que todo lo que habían visto era algo sobrenatural, e interpretando a conveniencia suya el supuesto prodigio, gritó con fuerza:


Esto no es más que la indicación de los dioses de que vayamos a vengar las afrentas que nos están haciendo Pompeyo y el Senado. Los dioses quieren que nos dirijamos a Roma y venzamos al enemigo. ¡Vayamos, pues! La suerte está echada.


Esto último lo pronunció con la famosa frase alea iacta est.

La alegoría está tomada de los juegos de azar, y es una referencia a la jugada de los dados en el momento en que los dados han salido de la mano de quien los lanza, cuando todavía no se sabe cuál va a ser el resultado final porque los dados aún no han caído, pero que una vez que han sido lanzados se ha puesto todo en marcha y ya no se puede volver atrás. Esto fue lo que quiso decir Julio César cuando pronunció la frase alea iacta est, no sabía lo que iba a pasar, pero sabía que una vez tomada la decisión era demasiado tarde para dar marcha atrás. La frase ha sobrevivido hasta nuestros días junto con la frase "cruzar el Rubicón" para denotar una situación en la cual una persona ha tomado una decisión extremadamente riesgosa, la cual una vez tomada no puede ser corregida; no habiendo espacio para arrepentimientos. Cruzar el Rubicón es, en nuestros tiempos, cruzar el punto sin retorno, más allá del cual ya no hay marcha atrás posible, es tomar una decisión cuyos efectos ya no pueden ser enmendados.

El domingo 30 de julio el 2006, el aún candidato presidencial Felipe Calderón decidió echar los dados, decidió cruzar su Rubicón, decidió tomar una decisión de la cual ya no habría marcha atrás posible. En este día, se presentó en audiencia ante el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) para fijar su postura sobre la petición de su principal opositor Andrés Manuel López Obrador de un conteo voto por voto, casilla por casilla, sobre 50 mil casillas en las cuales había dudas razonables sobre la transparencia de los resultados electorales. Tomando en cuenta de que López Obrador no estaba pidiendo ante el TRIFE la anulación de las elecciones presidenciales, sino tan sólo un recuento de los votos, Felipe Calderón en este día en que se presentó ante el TRIFE tuvo una oportunidad dorada, una oportunidad que ya no se volverá a repetir, para cambiar su postura pronunciándose también a favor de un recuento voto por voto. Jurídicamente hablando, a esto se le llama allanamiento, y es la única vía posible para conciliar amistosamente un conflicto entre ambas partes de un litigio, algo que se vuelve mucho más importante cuando se trata de un conflicto jurídico con amplias repercusiones políticas. Esto lo habría elevado enormemente en estatura no sólo entre los que lo apoyan sino también entre sus adversarios. Una declaración ante los siete Magistrados del TRIFE que Felipe Calderón pudo haber pronunciado en este día, de enorme impacto histórico, pudo haber contenido algo como lo siguiente:

He escuchado las voces de mis adversarios, quienes ponen en duda el triunfo que yo reclamo. He escuchado las voces de quienes intentan arrojar sospecha sobre mi victoria. Ellos reclaman que se lleve a cabo un nuevo conteo en cincuenta mil casillas, voto por voto. A lo cual yo, Felipe Calderón, me presento ante el Tribunal Federal Electoral para responder que estoy completamente de acuerdo, vengo para dar mi pleno consentimiento para que se lleve a cabo el recuento de votos, seguro de que un nuevo conteo refrendará mi victoria. Yo digo a mis oponentes ¡adelante!, ¡vamos a contar los votos nuevamente! Por esto mismo, por mi deseo inquebrantable de que mi mandato no quede empañado para siempre por una actitud que pueda parecer dudosa, declaro que no me opongo a que se lleve a cabo lo que piden mis adversarios. Estoy consciente de que ellos no están pidiendo la anulación de las elecciones, simplemente están pidiendo un nuevo conteo. Y como yo estoy absolutamente seguro de que no hay nada que ocultar, como tengo mis manos limpias, yo soy el primero en pedir respetuosamente ante el Tribunal que se falle a favor de la petición que presentan mis adversarios, petición a la cual no me opongo por estar seguro de mi triunfo. Es por ello que, estando en presencia de Ustedes, Señores Magistrados, a quienes corresponde garantizar la legalidad de las elecciones, garantizar la legalidad del triunfo que yo reclamo, y proclamar oficialmente a quien será el próximo Presidente de México, que pongo a la consideración del Tribunal mi renuencia a oponerme a un nuevo conteo de la votación, inclusive de todos los votos si se considerase necesario. Quiero legitimar mi triunfo. Quiero llegar a la Presidencia no como el producto de un presunto fraude electoral, sino como el ganador de una contienda limpia y transparente. Pongo, pues, mi petición ante el Tribunal, de que se dé plena entrada al recurso de impugnación presentado por mis adversarios, en pleno apego a lo que les garantizan las leyes electorales, de modo tal que siendo una petición de ellos y no habiendo ninguna objeción de parte mía, el Tribunal no incurrirá en reclamo alguno ni de parte de ellos ni de parte mía si se ordena el conteo de votos que, estoy seguro, legitimará mi triunfo.

Pero en vez de hacer esto, Felipe Calderón se presentó desafiante y soberbio ante el TRIFE demandando ser proclamado Presidente electo. En efecto, pidió al TRIFE resignar al pueblo de México a cargar por siempre con la duda histórica de la limpieza (¿?) de su triunfo, le pidió al TRIFE enviar al canasto de la basura las peticiones de un nuevo recuento de aquellos paquetes electorales en donde había sombras de sospecha. Al fijar esta postura, no le importó en lo absoluto poner al pueblo de México en una encrucijada. No le importó estar sembrando más semillas de duda sobre su triunfo, sembrando también con ello las semillas de un resentimiento popular que puede hacer explosión inclusive desde antes de que pueda tomar posesión de su cargo. No le importó afirmar ante el TRIFE que "está en juego si 42 millones de votos pueden suplantarse con campamentos y movilizaciones" sabiendo perfectamente que no votaron por él 42 millones de personas. (De acuerdo con los datos oficiales del IFE, votaron por Calderón 15 millones 284 electores, e inclusive esta cifra está ya en tela de duda por las irregularidades que han estado aflorando.)

Pudo haber llegado al TRIFE con una rama de olivo en sus manos, comportándose como un político de altura dispuesto a ceder un poco con tal de no correr el riesgo de perderlo todo. Pudo haber flexibilizado su postura para desactivar los confrontamientos. Sobre todo cuando estaba convocando a la unidad y a la reconciliación después de haber estado calificando él mismo por varios meses a sus adversarios como un peligro para México. Pese a ello, dos días después de haberse presentado ante el TRIFE seguía rechazando el recuento de votos pedido por sus opositores, diciendo:

Hay quienes pretenden obtener en la calle lo que no obtuvieron en las urnas. Al igual que millones de mexicanos, expreso mi rechazo absoluto a quienes pretenden secuestrar a los habitantes del Distrito Federal con tal de lograr sus ambiciones.

Y lo dijo pese a que, horas antes, López Obrador declaró que "el candidato de la derecha tiene la llave para levantar el bloqueo (del Paseo de la Reforma), aceptando el voto por voto".

De este modo, Calderón vació su rencor sobre sus oponentes culpándolos de las movilizaciones de resistencia civil (a las cuales el PAN fue tan afecto en otros tiempos) siendo que, si él lo hubiera querido, con tan solo haber aceptado ante el TRIFE la petición de un recuento de votos, el bloqueo del cual culpaba a los opositores habría sido levantado en cuestión de horas al quitarle a la oposición su principal bandera de lucha. Pero no le importó tener en sus manos la llave para levantar el bloqueo, no le importó dejar abandonados a los capitalinos a los cuales decía defender. Simple y sencillamente, tiró la llave.

Esta actitud soberbia y arrogante del hombre que ambicionaba con ser el Presidente de México a como dé lugar no es muy diferente a la de su correligionario político Vicente Fox quien lo apoyó decididamente en su aventura. Es la lucha del poder por el poder mismo. Es la ambición llevada al extremo pisoteando a quien trate de interponer alguna duda u objeción. Esto lo expresó de modo contundente el editorialista chihuahuense Luis Ochoa Minjares -el cual nunca ha militado en el Partido de la Revolución Democrática y ciertamente nunca ha sido ningún simpatizante activo de López Obrador- en su artículo "Retener el poder a toda costa" publicado el 30 de julio del 2006 (el mismo día en que Felipe Calderón se presentó ante el Tribunal Federal Electoral para manifestar su oposición a un recuento de votos) en el periódico norteño EL DIARIO, en donde comenta lo siguiente:

Ya nadie abriga la menor duda de que la oposición histórica de la derecha extrema, como ha ocurrido a través de la historia, está decidida a no salir de Los Pinos y mantenerse en el poder a toda costa, incluso a costa de llevar el país al caos.

Se cumplió al pie de la letra la consigna política dictada desde Los Pinos a través de la Secretaría de Gobernación a todos los funcionarios federales diseminados en los estados de la República, en el sentido de que utilizaron todos los recursos de que disponen para combatir y desacreditar a candidatos, partidos y gobiernos adversos al propósito del PAN de permanecer a cualquier precio.

La irresponsabilidad política del presidente Fox de abandonar sus funciones como jefe de Estado y olvidar sus facultades como gobernante de todos los mexicanos para dedicarse única y exclusivamente a dirigir la campaña electoral de su partido y de su candidato, tiene en grave riesgo la estabilidad del país y en entredicho los avances democráticos que el pueblo mexicano había alcanzado.

Esta conducta antidemocrática y posiblemente criminal del PAN y su presidente, han trastocado y deformado el proceso electoral mediante un gigantesco y criminal fraude cibernético a tal grado que ya los partidos que parecían más antagónicos ideológicamente entre sí, hablan de hacer un frente común con los otros partidos a fin de revisar a fondo los resultados electorales contando voto por voto, casilla por casilla.

La conducta indebida del presidente Fox al olvidar su alta investidura de mandatario de la nación, y apasionarse por la campaña electoral de su partido y el triunfo de su candidato, dieron lugar a que rueden por el mundo entero las noticias de que en México se efectuó una elección presidencial de Estado, con todas las consecuencias que ello significa.

Nadie olvida las indiscretas advertencias del foxismo en el sentido de que no permitiría que llegue al poder otro candidato y otro partido que no sean los suyos.

Retener el poder a toda costa, apunta ser el objetivo principal del presidente Fox. Impedir la alternancia en el poder, parece ser la proclama de Fox a todos sus funcionarios federales subordinados, aunque haya sido la bandera de lucha de la derecha recalcitrante durante muchas décadas.

El país se debate en estos momentos en un ambiente que linda con la ingobernabilidad. Nadie sabe cómo termine y cuáles sean las consecuencias de la concentración masiva en el Zócalo y en el centro histórico de la Ciudad de México, donde millones de mexicanos demandan el recuento electoral a fin de limpiar y transparentar los comicios del pasado domingo 2 de julio.

Ante este panorama, solamente la acción enérgica de los organismos electorales, la protesta coordinada de los partidos políticos afectados por el sectarismo presidencial, y la cautela de funcionarios menores y mayores, podría poner en orden la vida democrática del país.

El capricho de las fuerzas políticas e ideológicas de la derecha de retener el poder a cualquier precio, podría acabar con los frutos y logros de los mexicanos alcanzados con muchos sacrificios.

Al confirmar personalmente Felipe Calderón ante el TRIFE que no estaba dispuesto a cambiar de posición, ni siquiera para legitimar ante sus adversarios el triunfo que dijo haber logrado, al cerrar las puertas al diálogo con la oposición, el candidato presidencial panista dió señales muy claras sobre la clase de Presidente que quiere ser. Si como simple candidato su política es una política de puertas cerradas, no hay razón alguna en el mundo para esperar que ya como Presidente su política será una política de puertas abiertas. Se hará lo que él quiera que se haga porque él así lo quiere y ... ¡ay de aquél que se atreva a desafiarlo ya como Presidente de México! En este respecto, no es muy diferente ya en su modo de pensar al modo de pensar de las fuerzas obscuras que contribuyeron en gran medida a maquinar su triunfo, esas fuerzas radicales que no están dispuestas a soltar el poder, aunque para ello a la larga se tenga que matar mexicanos a diestra y siniestra, porque se trata de gente que, al igual que el dictador fascista español Francisco Franco o el militar chileno Augusto Pinochet, no se tientan el corazón para "hacer cumplir la ley" a rajatabla. Este es el verdadero perfil del hombre que quiere gobernar a México. Ya lo dejó en claro el 30 de julio del 2006 ante el TRIFE y con ello ante el pueblo de México. Ya se descubrió como lo que realmente es.

Cuando Felipe Calderón se presentó ante el TRIFE para fijar su postura, se dirigió a los Magistrados comportándose ya como Presidente electo, precedido por una proclamación inédita (hecha por el descalificado Consejero Presidente del IFE -y gran amigo personal de Felipe Calderón- Luis Carlos Ugalde con su famosa frase "¡Una regla de oro es que se gana o se pierde por un voto!" con la cual dió oficialmente por ganador a Felipe Calderón en una reunión que no estaba contemplada por la ley), una proclamación que legalmente sólo le competía al TRIFE y no al Instituto Federal Electoral (efectivamente, en una democracia se gana o se pierde por un voto cuando no ha habido irregularidad alguna ni en el proceso electoral ni en ninguno de los votos emitidos, algo que el corresponde al TRIFE y no al IFE juzgar), una proclamación que no se atrevió a hacer seis años atrás el entonces Presidente del IFE José Woldenberg Karakowski cuando anunció los resultados de la contienda electoral en las elecciones presidenciales del 2000, pese a que el margen de ventaja del candidato panista Vicente Fox sobre su contendiente más cercano (Francisco Labastida Ochoa) fue del 6.55%, once veces mayor que el ridículo cuan sospechoso margen de ventaja del 0.58% reconocido por el mismo Felipe Calderón. En efecto, Vicente Fox tuvo que esperarse hasta el 2 de agosto del 2000 para que el TRIFE le entregara su constancia de mayoría proclamándolo como Presidente electo de México, una constancia de mayoría que Felipe Calderón no se esperó a tener en sus manos para actuar como virtual Presidente ante los Magistrados del TRIFE, habiendo mostrado su soberbia al levantar sus manos "limpias" en un triunfalismo imprudente. Así, el nuevo rostro del Yunquismo en México no tuvo reparos en cerrar definitivamente la puerta el 30 de julio del 2006 a la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso con la oposición para limpiar ante los mexicanos un proceso electoral empañado por la sospecha.

En lo que posiblemente haya sido una de las decisiones más controversiales anunciadas por los Magistrados del Tribunal Federal Electoral, el sábado 5 de agosto del 2006 los Magistrados determinaron rechazar el recuento total de votos y sólo proceder a hacerlo en 11 mil 839 casillas de 149 distritos ubicados en 26 estados. De este modo, el TRIFE ordenó el recuento parcial únicamente en las casillas más cuestionadas, equivalente al 9.07 por ciento del total de las casillas impugandas, lo cual no representaba ni siquiera el diez por ciento de las 150 mil casillas cuyo recuento estaba pidiendo Andrés Manuel López Obrador, aunque concediéndole parcialmente la razón a Felipe Calderón en su oposición total a cualquier tipo de recuento.

De éste modo, el miércoles 9 de agosto del 2006 arrancó el recuento parcial para el cual el Consejo de la Judicatura Federal designó a 192 Magistrados y Jueces Federales que se encargarían de dirigir el recuento. Como resultado del recuento ordenado por el TRIFE, ya para el viernes 11 de agosto del 2006 los titulares de la prensa anunciaron:





que se había encontrado por lo menos un 60% de anomalías en los paquetes electorales revisados. Y, consistentemente, las irregularidades encontradas eran irregularidades que favorecían al candidato del partido oficial, Felipe Calderón. En el estado de Jalisco, en la cuna de la Organización Nacional del Yunque, se encontraron al menos 2 mil 300 votos de más en favor de Felipe Calderón. Mismas irregularidades que fueron reportadas desde otros estados. Con estos descubrimientos, ya no se trataba de un simple recuento de la votación con el objetivo de dar transparencia al proceso electoral. Lo que se estaba acumulando era algo mucho más grave: las evidencias de un presunto operativo de estado extendido por todo México para garantizarle a Felipe Calderón su triunfo mediante un fraude electoral. Y esto deducido por lo que se había encontrado en tan solo 11 mil 839 casillas. ¿Qué es lo que se hubiera encontrado si se hubieran inspeccionado las 130 mil 477 casillas cuya apertura estaba pidiendo López Obrador? Yendo aún más lejos, ¿qué es lo que pudiera encontrarse en caso de que se hubiese ordenado, en base a las irregularidades encontradas, un recuento de todas las casillas electorales, además de aquellas cuya apertura estaba pidiendo López Obrador? ¿Había aquí razones legales más que suficientes para que obligadamente a los Magistrados del TRIFE no les quedara otra opción más que anular las elecciones presidenciales del 2006? ¿Era ésta la verdadera razón por la cual desde un principio Felipe Calderón se opuso en forma tan obstinada y denodada a que se llevase a cabo un recuento de votos así fuese parcial? ¿Estaba entonces al tanto Felipe Calderón de la "ayuda" ilegal que "alguien" le estaba dando para impedir a toda costa su derrota? Las respuestas a casi todas estas preguntas permanecerán para siempre en el misterio al haber cerrado el TRIFE las puertas a la posibilidad de que se llevase a cabo un recuento total de los votos inclusive a la luz de las irregularidades encontradas, empañando duramente con ello la transparencia del proceso electoral y arrojando una terrible sombre de duda sobre la legitimidad del triunfo de Felipe Calderón así como la legitimidad de su Presidencia.

Lo sucedido a espaldas del pueblo de México pudiera ser de una magnitud tal que solo una organización extendida por todo México, actuando en forma encubierta, bien financiada, dispuesta a recurrir a la ilegalidad con tal de garantizar la permanencia de la derecha en el poder a toda costa, con el apoyo decidido de los recursos del gobierno federal, habría sido capaz de montar tal operativo. La única estructura en Latinoamérica que reúne todas estas características es la Organización Nacional del Yunque.

El mismo día en que estalló el escándalo derivado de la confirmación de las múltiples irregularidades encontradas a raíz del recuento parcial de casillas ordenado por el TRIFE, y considerando su punto de vista sobre el proceso electoral mexicano como un asunto de enorme interés para el pueblo norteamericano, el prestigiado periódico estadounidense The New York Times le abrió sus puertas el viernes 11 de agosto del 2006 al candidato perredista Andrés Manuel López Obrador, reproduciendo en forma íntegra sus palabras en un editorial en el cual podemos leer lo siguiente:

EL RECUENTO, NUESTRO CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA
(Recounting Our Way to Democracy)
Viernes 11 de agosto, 2006
Por Andrés Manuel López Obrador

No desde 1910, cuando otra elección controversial encendió una revolución, México ha estado tan cargado de tensión política.

Las manifestaciones más numerosas de nuestra historia son una prueba diaria de que millones de mexicanos desean un recuento completo de las elecciones presidenciales efectuadas el mes pasado. Mi oponente, Felipe Calderón, actualmente mantiene la delgadísima ventaja de 243,000 votos de un total de 41 millones, pero los mexicanos aún esperan que un ganador sea declarado.

Desafortunadamente, el Tribunal Electoral responsable de ratificar los resultados de la elección frustró los deseos de muchos mexicanos, y se negó a aprobar un recuento de los votos a través de todo el país. Por el contrario, el estrecho fallo emitido el sábado pasado permite que sean abiertas y revisadas las urnas de solamente el 9 por ciento de los lugares donde las elecciones fueron llevadas a cabo.

Esto es sencillamente insuficiente para unas elecciones nacionales en las que el margen de victoria fue menor al 1 por ciento -y unas donde el propio Tribunal reconoció la existencia de evidencias respecto a errores aritméticos y fraude, señalando que las irregularidades se presentaron en cerca de 12,000 casillas en 26 estados.

Vale la pena repasar la historia de las pasadas elecciones. Por meses, los votantes se vieron sometidos a una campaña de terror. El presidente Vicente Fox, quien apoyaba a Calderón, conminó a los mexicanos a que cambiaran de jinete, pero no de caballo -un claro reproche a las políticas sociales para beneficiar a los pobres y a las personas desposeídas del derecho a votar, mismas que se encontraban en el corazón de mi campaña.

Grupos empresariales gastaron millones de dólares en publicidad para radio y televisión, la cual aseguraba que mi posible victoria desataría una crisis económica.

Mi punto de vista es que los programas gubernamentales estuvieron enfocados en estados claves, todo con la esperanza de obtener más votos para Calderón. Incluso el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas llegó a advertir que tales acciones podrían influenciar de manera incorrecta a los votantes. Se ha informado que en los lugares donde el apoyo hacia mi coalición era fuerte, a los solicitantes para recibir asistencia gubernamental se les exigía que entregaran sus credenciales para votar, dejándolos de esa manera desposeídos del derecho a votar.

Y luego vinieron las elecciones. Las encuestas finales previas al proceso mostraron mi coalición a la cabeza o empatada con el Partido Acción Nacional. Creo que el día de las elecciones hubo una manipulación directa de los votos y de las actas. Las irregularidades fueron evidentes en decenas de miles de actas. Sin un recuento claro y transparente, México tendrá un presidente sin autoridad moral para gobernar.

La opinión pública apoya este diagnóstico. Las encuestas muestran que por lo menos una tercera parte de los votantes mexicanos cree que las elecciones fueron fraudulentas, y casi la mitad de aquéllos apoya un recuento completo.

Aun así, el Tribunal Electoral ha ordenado un inexplicable recuento restrictivo. Esto desafía a la comprensión, pues si las actas fueron alteradas a través de todo el país, el resultado de las elecciones podría cambiar por un puñado de votos por casilla.

Nuestros tribunales -al contrario de los estadounidenses- se han visto tradicionalmente subordinados al poder político. México cuenta con todo un historial de elecciones corruptas en las que la voluntad de las personas ha sido subvertida por los ricos y los poderosos. Hoy en día, los motivos de quejas se han ido acumulando en la conciencia nacional, pero en esta ocasión no le daremos la espalda al problema. Los ciudadanos se reunieron conmigo en una manifestación pacífica en el Zócalo, la gran plaza central de la capital, y dijeron fuerte y claramente: lo suficiente es suficiente.

En el espíritu de personas como Gandhi y Martín Luther King Jr., buscamos que nuestras voces sean escuchadas. Nos hacen falta millones de personas que hagan propaganda para alcanzar nuestro objetivo. Nosotros solamente podemos comunicar nuestra exigencia del recuento de todos los votos mediante protestas pacíficas.

Después de todo, nuestro propósito es fortalecer, no dañar, a las instituciones mexicanas, forzándolas a asumir transparencia mucho mayor. La credibilidad de México ante el resto del mundo solamente podrá incrementarse si aclaramos los resultados de las pasadas elecciones.

Necesitamos de la buena voluntad y del apoyo de aquellos que en la comunidad internacional cuentan con algún interés personal, filosófico o comercial respecto a México, para animarlo a realizar lo correcto y permita el recuento voto por voto que mostrará, de una vez por todas, que la democracia en esta república aún está viva y en buenas condiciones.

Tras la aceptación y publicación de este editorial elaborado por el candidato perredista, apareció pocos días después el 15 de agosto del 2006 en el mismo periódico un artículo elaborado por los periodistas James C. McKinley y Ginger Thompson en el cual destacan lo que muchos extranjeros ya perciben que está sucediendo en México: lo que realmente está defendiendo "Mr. Fox" es el voto que estrechamente favorece a Felipe Calderón, tomando partido a favor de una de las partes en conflicto desde su posición privilegiada como Presidente de la República. Se sabe por filtraciones de varios "Tecos" de la Autónoma de Guadalajara y miembros prominentes de El Yunque que la publicación de esta nota así como la aceptación e inclusión del editorial escrito por Andrés Manuel López Obrador para tan prestigiado medio de comunicación ocasionó aullidos de rabia y de ira en casi todos los niveles de estas organizaciones secretas, las cuales aprovecharon el momento (¡Carpe Diem!) para "judaizar" por enésima ocasión (ya lo han hecho en muchas ocasiones anteriores) a todos los que tienen algo que ver con dicho periódico neoyorkino; propalando -sin pruebas, naturalmente- que todos los dueños y accionistas de The New York Times son "poderosos financieros judíos" así como todos sus reporteros, todos sus editores, todos sus publicistas, y hasta el personal encargado del servicio de limpieza, señalando que la publicación de los reclamos de López Obrador en The New York Times era "indiscutiblemente una prueba más" de "la gran conspiración judía-comunista" al haber una alianza entre tantos judíos y el comunista "encubierto" Andrés Manuel López Obrador. Aunque alguien se tomase la molestia y la dura tarea de documentar con pruebas que el personal judío conectado con las operaciones de The New York Times no asciende ni siquiera al dos por ciento del personal, tras el fallido proceso de judaización seguramente seguiría el proceso de masonificación ("todos son masones hasta que alguien se tome el tiempo y la molestia de demostrarnos con rigurosas pruebas documentales lo contrario") y en última instancia recurriendo a la proclamación usual culpando a todos los trabajadores de The New York Times de ser cripto-comunistas tal y como solía hacerse en los buenos tiempos de la "cacería de brujas" practicada por el Senador Joseph McCarthy, el cual posiblemente influenciado por libros anti-judíos cargados con grandiosas teorías conspiratorias para apoderarse del mundo -como "El Judío Internacional" de Henry Ford y "Los Protocolos de los Sabios de Sión"- seguramente terminó desvelado muchas noches imaginando a cientos de comunistas acechándolo en las afueras de su casa para quitarle sus posesiones. Porque así trabaja la mente reactiva de los neo-fascistas mexicanos; en términos simplistas, casi infantiles, al igual que la mentalidad de los Nazis alemanes, aunque no por ello dejan de ser menos mortíferos y temibles.

De cualquier modo, el odio profesado por los ultraderechistas mexicanos no fue obstáculo alguno para que representantes de Felipe Calderón se trasladaran hasta Nueva York para pedir sonrientes "un espacio" dentro del mismo The New York Times, de acuerdo con una nota escrita por el articulista Jesús Esquivel para la revista PROCESO correspondiente al domingo 13 de agosto del 2006; en muestra de la actitud típica cargada del cinismo e hipocresía de quienes habiendo cruzado individualmente su propio Rubicón terminaron ofrendándole su alma al Diablo. (Al Diablo que habita en la ciudad de Guadalajara, esto es.)

Habiendo cruzado su Rubicón, con un nuevo desplante de soberbia y con el rostro desencajado, sin que el TRIFE le hubiera entregado aún ninguna constancia de mayoría, el 14 de agosto del 2006 -el mismo día en el que la Policía Federal Preventiva y elementos del Estado Mayor Presidencial desalojaron violentamente a los simpatizantes del PRD que intentaron colocar un campamento en las afueras de la entrada de la Cámara de Diputados- el nuevo Felipe Calderón anunció que estaba "listo para asumir la Presidencia" el primero de diciembre del 2006, afirmando cínicamente en su discurso que no le importaba ser un Presidente cercado (muy a tono con el maquiavélico libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo en el cual su famoso autor en el capítulo 17 de su libro recomienda maquiavélicamente al príncipe gobernante que es mejor ser temido por sus sufridos súbditos que ser amado por ellos), aprovechando la ocasión para pedirle a López Obrador respeto a los símbolos patrios (los símbolos patrios son tres: la bandera, el himno, y el escudo nacional), para lo cual seguramente se tuvo que morder la lengua puesto que cuando el recién inaugurado Presidente Vicente Fox mutiló el escudo nacional:






para convertirlo en toda la papelería oficial en una vulgar caricatura de marketing:




en un muy criticado desplante de ignorancia supina que mucho tiempo después se sabría que tuvo un costo de más de un cuarto de millón de pesos pagado en su totalidad con los dineros del pueblo de México, Felipe Calderón también como recién inaugurado jefe de la bancada panista en la Cámara de Diputados se calló al respecto de esta profanación y no hizo absolutamente ninguna crítica ni exigió a su derechista correligionario dejar de pisotear a su antojo este símbolo patrio; seguramente porque para los derechistas y los ultraderechistas como ellos la profanación de los símbolos patrios sólo la llevan a cabo quienes no comulgan con los planes de ellos. Bueno, al menos el Poder Judicial y el Poder Legislativo se rehusaron a seguirle el juego al desbocado Ejecutivo en esta decapitación de un símbolo patrio reteniendo en sus documentos y comunicados oficiales al escudo nacional intacto. (Por cierto, aunque dada la magnitud de las críticas recibidas por la profanación del escudo nacional se estuvo anunciando "oficialmente" a través de todos los medios que el escudo nacional sería restaurado a su forma original, todavía en el último año de gobierno de Vicente Fox se continuó utilizando ampliamente el "águila mocha" en los portales de Internet y en la promoción de la obra del gobierno federal en los medios visuales de comunicación, convirtiéndose así la publicitada "restauración" en otra tomada de pelo al pueblo de México.)

Independientemente de lo que pudiera resolver el Tribunal Federal Electoral, había una vía legal alterna que ya había sido señalada el 11 de agosto del 2006 por un disidente notable dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Genaro Góngora Pimentel, tras lo cual un grupo creciente de ciudadanos anunciaron que empezarían a recabar firmas para pedir la intervención del máximo tribunal de Justicia del país en el asunto. Pero al día siguiente de que Felipe Calderón se presentara ante el TRIFE comporándose como Presidente electo, y en un hecho totalmente inédito, el 15 de agosto del 2006 el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón -quien ya anteriormente en el proceso del desafuero seguido en contra de Andrés Manuel López Obrador había dado claras muestras de su parcialidad en contra del candidato perredista-, hablando a nombre propio en un evento público fuera del Pleno de la Suprema Corte ante estudiantes de la Universidad Anáhuac -precisamente una universidad ligada de varias maneras con los intereses de la extrema derecha de México, la misma universidad fundada por los seguidores del pedófilo "sacerdote" Marcial Maciel Degollado-, calificó de "anacrónico, obsoleto, está redactado con los pies y no sirve para nada" el párrafo del artículo 97 de la Constitución que faculta al máximo tribunal del país para investigar violaciones graves al voto público, lo cual motivó duras críticas de prestigiados constitucionalistas. El párrafo cuarto del artículo 97 constitucional tan duramente atacado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y aún en plena vigencia cuando Mariano Azuela soltó su boca despotricando furioso en contra de dicho artículo, dice lo siguiente:

La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero solo en casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos competentes. (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994.)

Grave es en cualquier país del mundo que un Juez ande dando a conocer sus propias opiniones personales sobre un caso en el que tiene injerencia y en el que aún no se ha dictado sentencia, pero más grave aún es que quien emite tan desafortunadas declaraciones sea no un Magistrado o un Ministro sino el mismo Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de parcialidad manifiesta tratando de quedar bien con el hombre al cual se pretendía legitimar a toda costa por la vía legaloide. (El mismo día en que el candidato de la ultraderecha Felipe Calderón recibió tan importante respaldo de boca del máximo representante del aparato de impartición de justicia en México, en la ciudad de Guadalajara los simpatizantes de López Obrador fueron acosados por jóvenes pertenecientes a las fuerzas de choque dirigidas por la sociedad secreta Tecos de la ultraderechista Universidad Autónoma de Guadalajara.) De cualquier modo, resistiéndose a ser desalentados por las declaraciones bastante públicas hechas por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el 17 de agosto del 2006 escritores, políticos, ex funcionarios y ciudadanos que sumaron 16 mil 806 firmas pidieron la intervención de la Corte "para detener el intento de imposición que pudiera convertir a un proceso democrático en un detonador de la violencia y la ruptura de la eficacia de las instituciones". Pero cinco días después, el 22 de agosto del 2006, el paradigma de la parcialidad manifiesta Mariano Azuela Güitrón refrendó sus amenazas haciéndoles llegar a los solicitantes de justicia un acuerdo registrado como "Varios 1450/2006-PL" en donde asentó que la petición ciudadana para que se investigasen las violaciones al voto público era notoriamente improcedente, dando a entender que la Corte presidida por él no haría cosa alguna para poner en tela de duda el "triunfo" de Felipe Calderón. ¿Habrá alguien que se atreva a llevar su caso ante una Corte tan parcial en la cual el Juez supremo se dedica a descalificar públicamente a una de las partes en conflicto inclusive desde antes de que se haya redactado la sentencia o inclusive desde antes de que se le hayan presentado las pruebas y los argumentos? Esta es quizá la muestra más clara de lo que es la Justicia cuando la ultraderecha llega al poder.

La impartición de ésta justicia charra es particularmente insultante porque el Presidente de la muy criticada Suprema Corte Mariano Azuela Güitrón gana 650 mil pesos mensuales, un sueldo pagado no por la extrema derecha de México ni por Felipe Calderón ni por Vicente Fox sino por el sudor del pueblo de México. A lo cual hay que sumar 37 mil pesos por cuatro seguros (el institucional, el colectivo de retiro, el de gastos mayores y el de separación individualizada). A lo cual hay que sumar un beneficio por ser Presidente de la Corte que es del 30 por ciento de sus ingresos ordinarios y suma 67 mil 121 pesos mensuales. A lo cual hay que sumar algo que se llama "apoyo al ahorro" con 65 mil 928 pesos mensuales netos. A lo cual hay que sumar una prima vacacional de 303 mil 269 pesos. A lo cual hay que sumar un aguinaldo que en términos brutos es de 387 mil 772 pesos. A lo cual hay que sumar una asignación anual de 162 mil 86 pesos por "gastos de alimentos". A lo cual hay que sumar una asignación anual de 19 mil 544 pesos por concepto de teléfono celular. Sanjuana Martínez de la agencia noticiosa APRO hizo sobre ésto los siguientes comentarios el 18 de diciembre del 2005:

¿Pueden los mexicanos esperar la independencia judicial con una Corte cuyos ministros ganan al año 72 millones de pesos? La respuesta es no. Sencillamente, porque este tipo de sueldos constituyen más que un salario. Son una componenda. Para algunos observadores desde el extranjero, eso no es un sueldo, es simplemente un soborno institucional. Con estos sueldos, no hace falta corromper a los ministros de Justicia. Sus salarios constituyen la corrupción, porque son una componenda que marcará de manera irremediable sus decisiones judiciales. Las diferencias salariales entre la mayor parte de los mexicanos y estos ministros son una prueba flagrante de infamia. Si Mariano Azuela gana 650 mil pesos mensuales, cómo esperar que esté a favor de que Andrés Manuel López Obrador llegue al poder. Eso significaría el fin de sus bochornosos privilegios. Con una Suprema Corte que imparte "injusticia", como la presidida por Azuela, los mexicanos difícilmente disfrutarán de un sistema democrático sano. Y si alguien quiere hacerse rico, que se haga Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al irse consumiendo el mes de agosto, el limitado recuento de votos ordenado por el TRIFE continuó descubriendo muchas otras irregularidades -las cuales fueron minimizadas por la propaganda oficial y por el PAN-Yunquista como meros "errores aritméticos"- que señalaban a gritos que algo extraordinariamente anómalo había ocurrido en el proceso electoral del 2006. Y el fenómeno no estaba limitado a uno o dos Estados de la República, ocurrió en todo México. Tomemos como ejemplo el norteño Estado de Chihuahua, en donde el editorialista Luis Javier Valero Flores comenta lo siguiente en una entrega suya publicada el domingo 27 de agosto del 2006 en el periódico EL DIARIO:

Así, en medio de los reconocimientos presidenciales a Felipe Calderón como “presidente electo” y de una salvaje campaña mediática contra el plantón de la CPBT (Coalición Por el Bien de Todos) en el centro de la Ciudad de México –y su candidato-- la decisión de los magistrados electorales marcará el rumbo de toda la vida pública del país. Cerrada por ellos mismos la posibilidad de efectuar el recuento del total de las casillas en el país, el parcial ordenado por ellos mostró, de acuerdo con las cifras extraoficiales del efectuado en seis distritos de la entidad, y proporcionadas amablemente a este escribiente por el Vocal Ejecutivo del IFE en Chihuahua, Eduardo Rodríguez, les dan, contundentemente, la razón –por supuesto en la opinión del escribiente-- a los representantes de López Obrador.

Sí, porque el conjunto de anomalías, y el número de casillas en las que aparecen demuestran fehacientemente que lo mejor para la limpieza, no sólo de la elección, sino de la vida pública, era el recuento del total de las casillas. Los panistas alegan que hacerlo, después de ver lo sucedido en el recuento de las casi 12 mil ordenado por el TEPJF, no cambiaría el resultado de la elección, a lo sumo, dicen, disminuiría la ventaja de Felipe Calderón.

No hay un solo elemento que nos lleve a esa conclusión. Lo encontrado no es una muestra estadística, pero sí es una evidencia, porque en todos los distritos chihuahuenses revisados se encontraron esos errores, en mayor o menor grado, lo que debería llevar a los magistrados a descartar la presencia de mayores anomalías en el resto de las casillas. Y es que los números son escalofriantes.

Veamos. De las cifras del recuento en seis distritos de Chihuahua, proporcionadas por el IFE, y sólo tomando en cuenta los votos de las tres principales fuerzas políticas –PAN, Alianza Por México (PRI y PVEM) y coalición Por el Bien de Todos (PRD-PC-PT)– que se asentaron mal en las actas de cómputo y escrutinio; en cualquier caso, que se les quitaran o aumentaran votos a cualquiera de los partidos, que existieran boletas de más o de menos, es decir, en cualquier modalidad, pero que lo central es la existencia de errores, se puede concluir que de 91 casillas revisadas en el distrito 01 de Juárez, 51 contenían errores y sólo en 40 no existieron en el acta de cómputo original; en el distrito 02, también de Juárez, se encontraron errores en 57 casillas y en 44 no; en el distrito 03, de Juárez, 39 casillas de las revisadas contenían errores y en 20 no.

A su vez, en el distrito 06, de Chihuahua, de 179 casillas revisadas se encontraron discrepancias entre las actas y los votos emitidos en 113 casillas, y no se encontraron errores en 66; en el distrito 08, también de Chihuahua, de 150 casillas revisadas, las que no contenían errores fueron 16 y en el resto, 134 existía algún error en el acta original. Por último, en el distrito 09, con cabecera en Parral, de 145 casillas revisadas por el TEPJF, 60 no tenían errores y 85 sí.

Es de escándalo. Del total de 725 casillas revisadas en el estado de Chihuahua por jueces y magistrados, por orden del TEPJF, existían errores en el ¡66.06 por ciento de ellas!

¡Vaya limpieza electoral! ¡Qué certidumbre! ¡Qué buen trabajo!

Para los puntillosos, puede que nos equivoquemos en una casilla, más o menos (por lo demás, dentro de todos los márgenes de error) pero las cifras aquí expuestas reflejan una realidad: por más que el IFE diga, por más que las cadenas televisivas insistan en la pulcritud de la jornada electoral del 2 de julio, lo cierto es que el recuento mostró, nítidamente, la falta de certidumbre en el resultado electoral.

El ejercicio realizado nos lleva a pensar que lo expuesto por Horacio Duarte, representante de la CPBT ante el IFE, en el resumen realizado del total de las casillas revisadas, es cierto. El perredista afirma que en esas casi 12 mil casillas se “encontraron más votos que votantes en poco menos de 4 mil casillas (33 por ciento), y menos votos que votantes en poco más de 3 mil 500 casillas (31)”, de ahí que sostiene que “en 7 mil 523 casillas (64 por ciento) de un total de 11 mil 800 sobran o faltan más de 119 mil votos.

Imposible de realizar el recuento del total de las casillas por la falta de tiempo pues el TEPJF está obligado a emitir su resolución a más tardar el 30 de agosto, a los magistrados sólo les quedan dos opciones –si se atienen al sentido de lo dictaminado previamente por ellos, o si se deciden valorar si el resultado del electoral goza de la certidumbre constitucional: anular casi 4 mil casillas en las que existen errores en las actas de escrutinio y cómputo, una de las causales asentadas explícitamente en la ley para la nulidad de la votación de las casillas, con lo que el ganador sería López Obrador o, anular toda la elección en virtud de la falta de certidumbre acerca del resultado electoral.

Porque, ¿de qué manera los magistrados electorales pueden demostrarnos que los errores que se encuentran en el resto de las casillas no revisadas no existen errores y que estos no cambien, o sí lo hagan, el resultado de la elección? No hay modo.

Pero al descartar la revisión de las casillas impugnadas por la CPBT, o aun más, al negarse al recuento del total de las casillas, los magistrados decidieron optar por la orientación consistente en el apego estricto a lo que establece la ley. Y si esto es así, deberían anular las casillas con errores en las actas de cómputo y escrutinio.

Pero esa decisión abriría otra vertiente, la de que los errores encontrados en las casillas revisadas son suficientes como para pensar en la existencia en algún número grande de errores en el resto.

La única certidumbre existente hasta ahora es que, en el mejor de los casos, un número excesivamente grande de funcionarios de casilla se “equivocaron” al momento de contar los votos y de asentar el resultado en las respectivas actas. Es decir, se equivocaron en los momentos más importantes de la jornada electoral, justamente en aquellos en los que no deberían “equivocarse”.

¿Será?

Justo es decir que en los errores encontrados, por lo menos en los datos revisados –con la falta de tiempo y del total de elementos necesarios como para hacer un trabajo más profundo--, no se encuentra, o es muy difícil hacerlo, un patrón generalizado pero, ¿qué tal si ese era el objetivo, que no hubiera un patrón?

No éramos sospechosistas, más de 70 años de fraudes generalizados nos hicieron y en algún gen debe esconderse tal escepticismo electoral, sobre todo cuando se conjuntan tantas irregularidades en una elección.

¿Acaso quienes buscaron desaforar y meter a la cárcel a López Obrador no se prepararon para la eventualidad de que sí fuera candidato a la presidencia de la República?

Creo que sí. Y a juzgar por los hechos debe haber ganado la elección.

Son muchas las coincidencias. Lo revisado sólo sirvió para corroborar el aserto de dos semanas atrás: ¡Qué batidero!

Contrariamente a lo que el PAN-Yunquista a través de los medios visuales y radiofónicos de comunicación ha querido hacer creer al pueblo de México, el asunto de los "errores aritméticos" es mucho más grave de lo que parece ser tratándose de las muchas casillas en las que hubo más votos que votantes. La única forma posible en la cual esto pudo haber ocurrido es que en cada una de dichas casillas por lo menos uno de los que acudieron a votar ya llevara consigo boletas electorales previamente marcadas (presuntamente a favor de Felipe Calderón), depositadas como "votos extra" en las urnas junto con el voto "legal". Los funcionarios de las casillas -suponiendo que no eran cómplices de esto- al momento de contar los votos estarían confrontados con el duro problema de que los votos contados de las urnas excedían el número de votantes que fueron a votar (según el cotejo de las listas), y ante la disyuntiva de tener que meterse en un serio problema que de entrada hubiera requerido anular todo el esfuerzo realizado por ellos, optaron mejor por quitarse de enredos asentando en las actas los resultados de la votación de acuerdo a todos los votos contabilizados -tanto los votos genuinos como los votos "extra"-. Esta maniobra, repetida en muchas casillas, le podía dar a Felipe Calderón una buena parte de ese escaso margen de ventaja del 0.58% que necesitaba para poder "ganar" la elección, y si aún así no le era posible ganar, entonces los asesores Yunquistas del PAN -sabedores de la maniobra- habrían utilizado ellos mismos (en lugar de un triunfante PRD) ésto como argumento para pedirle al TRIFE la anulación de todo el proceso electoral presidencial del 2006. Así, de cualquier manera saldrían ganando.

Había una forma de comprobar la presencia de esos "votos extra" ilegales en las urnas: a través de los números de folio (cada boleta electoral está foliada y referenciada al talón del cual fué desprendida), lo cual hubiera permitido detectar inclusive boletas electorales falsificadas (en cada paquete electoral entregado por el presidente de cada casilla al IFE se deben regresar los talonarios junto con las boletas cruzadas y anuladas). Pero en torno a este asunto de las casillas en las cuales hubo más votos que votantes, como mal presagio lo único que hizo el Tribunal Federal Electoral fue anular los resultados de dichas casillas absteniéndose por completo de proclamar que en dichas casillas se había cometido un ilícito, dejando así prescribir estos delitos en la más completa impunidad. Dicho de otra manera, el acto (las alteraciones encontradas en este nuevo conteo ordenado por los Magistrados del TRIFE) eran lo suficientemente graves para sentenciar que los ilícitos cometidos ameritaban la anulación legal de las casillas, pero legalmente... ¡no se había cometido ningún delito! Bien dijo un destacado constitucionalista que todos los hampones y criminales del mundo desearían ver sus actos ilegales "juzgados" por "jueces" con criterios tan elásticos, haciéndose de la vista gorda ante algo de lo cual hay pruebas contundentes, con lo cual las cárceles estarían vacías.

Fue así como el TRIFE en un fallo que dejó muy satisfecho a Felipe Calderón le "confirmó" el 28 de agosto del 2006 su ventaja (¿?), anulando casillas que sumaban 237 mil 736 votos, con lo cual simplemente le quitó a ambos candidatos presidenciales los votos que habían obtenido en dichas casillas (Felipe Calderón perdió 81,080 votos y López Obrador perdió 76,897 votos). Interesantemente, al llevarse a cabo esta anulación, la ventaja de Felipe Calderón se redujo en 4 mil 183 votos tan sólo en lo que respecta a estas casillas anuladas, al pasar de 243 mil 934 votos a 239 mil 951 votos.

A la luz de las graves irregularidades encontradas, vale la pena repasar lo que los bien pagados Consejeros del Instituto Federal Electoral -para los cuales no existía "base racional alguna" para el reclamo de un nuevo conteo- declararon por escrito ante el Tribunal Federal Electoral:

Como se ha demostrado, se contabilizaron de manera correcta los votos con los que se contaban y, por lo tanto, debe respetarse la votación correctamente emitida en dichas casillas.

Para el IFE, sólo existieron "irregularidades e imperfecciones menores".

Cerrada por el Tribunal Federal Electoral la puerta a la posibilidad de limpiar y transparentar los procesos electorales mediante el conteo de todas aquellas casillas cuya revisión pedía la oposición -no simplemente la décima parte de las mismas-, aún quedaba una última salida al conflicto: la anulación del proceso electoral presidencial, sin concederle el triunfo a ninguno de los candidatos en la contienda. Sobre esto, el conocido político Manuel Camacho Solís expresó lo siguiente en un editorial suyo publicado en varios medios el 28 de agosto del 2006 (el mismo día en que el TRIFE simplemente anuló las casillas irregulares sin intentar hacer algo en relación a los presuntos delitos electorales que se habían cometido detrás de tales irregularidades):

Si no se encuentra en las próximas horas una solución legal y política al conflicto post electoral crecerá la confrontación. Como no creo que haya valores más grandes a preservar que la libertad y la paz, llamo a una última reflexión antes de que los acontecimientos coloquen a la Nación en una situación trágica donde todos -literalmente todos- terminaremos perdiendo.

En unas cuantas semanas ha crecido la percepción pública de que el país va a una crisis política mayor. Unos le echan la culpa a AMLO porque ha incitado a la resistencia civil. Otros al presidente y a FCH porque usaron el poder para torcer los resultados de la elección y no han sabido responder a la polarización que ellos mismos contribuyeron a crear.

Lo inocultable es que se escala el conflicto. Se olvida que en la democracia no se puede aniquilar al adversario. Se pierden las oportunidades para una solución política. Se agota el tiempo de la inteligencia y la razón.

Ya se perdió la oportunidad de la mejor solución política y se está a punto de tirar por la borda la que queda. El recuento de todos los votos era la mejor solución: AMLO había ofrecido reconocer el resultado, frenar la movilización y no buscar la anulación de la elección. No se aceptó. El recuento habría terminado con el conflicto y legitimado al nuevo gobierno.

Ahora queda la oportunidad de la anulación. Ni uno ni otro. No existe razón política para que la rechacen las partes, o razón legal para que la deseche el Tribunal.

La anulación regresaría el conflicto al espacio de las instituciones y abriría una oportunidad grande de mejorar la vida política. Se prestigiaría al Tribunal Electoral yal Poder Judicial. Se fortalecería al Congreso. Haría más terso el final del gobierno de Fox y le quitaría enconos para el futuro. Se tendría un nuevo gobierno legítimo respaldado por las principales fuerzas políticas.

Se podrían llevar a cabo las reformas de cambio de régimen que aseguraran la formación de mayorías en una próxima elección equitativa y libre. Se cerrarían las puertas a las pretensiones de represión o insurrección.

Se protegería al Ejército. Se evitaría decepcionar a los inversionistas, una vez que se pruebe que la decisión del Tribunal de validar la elección no recuperará la estabilidad política.

Desde el punto de vista legal, la anulación está más que justificada. Yo pregunto si en el resultado de la elección presidencial no influyeron, en más de 0.58%, los siguientes hechos:

-La publicidad del gobierno federal y del presidente a favor del candidato de su partido que se financió con tiempos fiscales y oficiales y cuya suspensión había ordenado la Suprema Corte.

-La publicidad ilegal (COFIPE y la Ley de Cámaras) que pagaron el Consejo Coordinador Empresarial, empresas y asociaciones paralelas.

-La publicidad negativa (ilegal) de la campaña del PAN donde se pintó a AMLO como "un peligro para México".

-El gasto social y el gasto del candidato oficial que rebasó con mucho el límite legal.

-La utilización del ministerio público y la justicia para intimidar a gobernadores, o para afectar las intenciones de voto priísta a favor del PAN (Jalisco y LEA).

-La falta de pluralidad del IFE cuando fueron elegidos los consejeros; los nombramientos de presidentes de juntas distritales con interferencia de gobernadores y partidos políticos; el debilitamiento del carácter ciudadano de las mesas de casilla con la sustitución de tantos funcionarios en las 48 horas anteriores a la elección.

-Los delitos (entre otros: los votos de más no justificados) que se realizaron el día de la elección en un número muy alto y que están consignados en las diligencias judiciales que llevaron a cabo magistrados y jueces durante el recuento parcial que fue ordenado por el Tribunal.

¿Quién puede sostener de buena fe que no hay razones legales suficientes para anular la elección? ¿Quién puede sostener que, una vez desechada la solución del recuento total, exista una mejor solución que la anulación? ¿No es mejor el camino de la ley y la política que el de la confrontación aniquilante?

A los hechos argumentados por Manuel Camacho Solís como factores de influencia en el resultado de la elección presidencial podríamos agregar muchos más, pero ello llevaría un libro de por lo menos unas seiscientas páginas. Para no fastidiar la paciencia del lector, mencionaremos tan solo dos:

(1) Un ejemplo del uso descarado de los recursos públicos para favorecer a Felipe Calderón que dejó amplias huellas podemos verlo en la siguiente toma:







de una de las imágenes de un video DVD elaborado en grandes cantidades por la Secretaría de Relaciones Exteriores y utilizado -siguiendo instrucciones precisas- por los Consulados y las Embajadas de México en el exterior (y también dentro de México) para la promoción del voto entre los mexicanos radicados fuera de México (en su mayor parte, mexicanos radicados en Norteamérica que tuvieron que huír a los Estados Unidos como damnificados económicos por culpa de las mismas políticas económicas del gobierno foxista causantes de desempleo que Calderón ha advertido ya que piensa continuar). La imagen está tomada tal cual, y podemos ver claramente que el video muestra a quienes lo ven la forma de votar... ¡por el PAN! Todo financiado con los dineros del pueblo. ¡Ni siquiera el PRI en su decadencia moral llegó a tales extremos!

(2) En la misma semana en la cual estaban por llevarse a cabo las elecciones apareció un libro titulado "Las Manos Sucias del PAN" publicado por el editorial Planeta, del periodista José Reveles, escrito para demostrar cómo el PAN operó un desvío de fondos millonarios para la campaña de su candidato presidencial, Felipe Calderón. Comenzó a circular justo en los momentos en los que el PAN estaba enfrentando un escándalo por el supuesto tráfico de influencias de Felipe Calderón, cuando era Secretario de Energía, para favorecer a las empresas de su cuñado incómodo Diego Hildebrando Zavala con contratos en el gobierno federal. Reveles describe en su libro -con un título que alude en tono irónico al lema "manos limpias" usado por Felipe Calderón como el símbolo de su campaña- una historia elaborada de un ex-operador político del Partido Revolucionario Institucional, llamado Arnulfo Montes Cuen, dirigente de una organización de productores rurales, quien fue contratado por los panistas para enseñarles a formar cuadros entre los campesinos. Este operador presentó en el 2006 una denuncia ante las autoridades por el presunto desvío de 55 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por parte de parlamentarios del PAN, según Reveles, quien afirma que en su texto "se exhiben expedientes y no se alimentan rumores".

En una entrevista con la agencia informativa EFE, el periodista Reveles describió cómo entre los operadores de este desvío estuvieron involucrados varios diputados y Josefina Vázquez Mota, ex-Secretaria de SEDESOL, la misma que se convirtió en la coordinadora de la campaña de Felipe Calderón. Montes le contó al periodista que diputados del PAN, entre ellos Jorge Luis Preciado, lo presionaron para que de los 55 millones de pesos se desviara a la campaña de Calderón la mitad, y cuenta cómo luego de negarse a depositarles 27.5 millones de pesos en dos cuentas de BBVA-Bancomer, tres días después fue "secuestrado al estilo Lydia Cacho" por la Policía Judicial Federal en Cuernavaca, un estado central, para ser llevado a Hermosillo, Sonora, un estado norteño, donde en cuestión de horas le revivieron un antiguo problema legal, y aunque ésta vieja acusación no era grave y lo hacía acreedor a una fianza de tan sólo 2 mil pesos, "tuvo que pagar una fianza de 2 millones de pesos en efectivo" para poder obtener su libertad bajo caución. La estancia de Montes en la prisión fue aprovechada para que los recursos económicos federales fueran transferidos a una organización fantasma distinta a la suya que fue la que operó el desvío de fondos sustituyendo en la recepción de los recursos federales a la organización de Montes cuando éste permaneció por unos días en prisión. Montes le ha dicho a Reveles que no cree que ese dinero haya llegado directamente a las manos de Calderón pero sí a las campañas que los candidatos a diputados y senadores estuvieron haciendo a favor de la candidatura presidencial (de alguna parte tuvieron que salir los ríos de dinero para financiar los miles de spots radiados por televisión como parte de la guerra sucia a la que se recurrió para desacreditar al candidato opositor).

En el prólogo del libro "Las Manos Sucias del PAN", el historiador Lorenzo Meyer destaca: "el valor de esta historia no está en la denuncia del hecho concreto, sino en que pone al descubierto y demuestra con datos, un modus operandi que pudo haberse repetido en muchos otros casos". Cuando apareció el libro, la agencia informativa EFE trató de consultar sobre esta acusación a la oficina de prensa de Calderón dándole su derecho de réplica a las acusaciones plasmadas en el libro, pero nadie en el equipo de campaña de Felipe Calderón (lo cual incluye a Josefina Vázquez Mota) quiso ser entrevistado para responder a las acusaciones. Se escondieron sin dar la cara.

A la larga cadena de errores y tropelías ya cometidas se fueron sumando otras nuevas. En la víspera de la fecha en la cual Vicente Fox debía rendir ante la Tribuna del Congreso de la Unión su último informe presidencial -el equivalente de su despedida oficial, su último acto ante el Congreso televisado a todo el pueblo de México-, el infiltrado PAN continuó haciendo gala de su poderío usando como cómplice servil a un degradado y humillado Partido Revolucionario Institucional: pisoteando los reglamentos parlamentarios y las ordenanzas legales anteriores que había al respecto, cambió las reglas del juego a última hora para impedir que fuera un legislador del PRD quien presidiera la Mesa Directiva y contestara el informe presidencial -lo cual por el derecho legal de alternancia de turnos le correspondía al PRD- para que así fuese un diputado panista, Jorge Zermeño Infante, quien respondiera -y como "besa-manos" oficial tuviese el privilegio de alabar en grado excelso- el último informe presidencial de Fox. El señalamiento lógico ante esta arbitrariedad no tardó en llegar de boca de muchos comentaristas y editorialistas: ¿Por qué razón había de esperarse que los miembros de un partido político cuyos funcionarios electos se estaban comportando de un modo tan chueco en la misma sede de los poderes de la Unión se hubieran comportado limpiamente con honestidad en los procesos electorales presidenciales del 2 de julio del 2006? Pero los nuevos amos de México habrían de ir más lejos. Pese a que (1) Vicente Fox había declarado fanfarronamente a los medios que el conflicto postelectoral estaba "reducido a una calle", y (2) justo cuando en los medios visuales y radiofónicos de comunicación, fuera de tiempos electorales, con costosísima propaganda radiada diariamente a todas horas y financiada por gente sin rostro, se satanizaba el plantón en el Paseo de la Reforma y en el Zócalo del Distrito Federal montado por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador -en protesta por la virtual consumación de un fraude electoral producto de una elección de Estado-, acusando al plantón lópezobradorista como "muy dañino para los habitantes de la Ciudad de México", al mismo tiempo el Congreso de la Unión empezó a ser sitiado por tanquetas militares y por miles de agentes de la Policía Federal Preventiva, agentes encubiertos de la Secretaría de Gobernación, agentes del Estado Mayor Presidencial, y tropas élite del Ejército Mexicano que no portaban el uniforme reglamentario. Fue algo nunca antes visto en la historia de México, que el Congreso de la Unión y sus alrededores a lo largo de una extensión territorial de cinco kilómetros cuadrados hubieran sido sitiados de esta manera como si el país estuviese en estado de guerra. ¿Pues no que el conflicto postelectoral era tan insignificante que estaba "reducido a una calle"? ¿Cómo podía ufanarse Vicente Fox, denunciado a última hora como un hijo de extranjeros impedido legalmente para ocupar la Presidencia de México, de ser un Presidente muy querido por el pueblo cuando su injustificado pánico a las manifestaciones callejeras de protesta llevó a que se implementaran tan espectaculares medidas de seguridad que ciertamente no se requirieron cuando en condiciones muy diferentes asumió la Presidencia el primero de diciembre del 2000? De cualquier modo, atribuyéndose méritos ajenos que no le correspondían, Vicente Fox continuó jactándose de que México se encontraba en paz y en plena tranquilidad social tras las elecciones del 2 de julio, sin concederle ningún reconocimiento a la extraordinaria mesura y prudencia mostrada por Andrés Manuel López Obrador y los llamados continuos de éste último a sus seguidores de llevar a cabo todas las protestas en forma pacífica. Aunque, pensándolo bien, ¿cómo le iban a dar tal reconocimiento al mismo líder cívico al cual Fox y sus asesores Yunquistas estuvieron acusando por meses de ser un peligro para México? Tras su fracaso en tratar de llevar a cabo su acto final de despedida ante el Congreso de la Unión, el hombre que al tomar posesión de su cargo como Presidente de México prometió que respetaría las decisiones del Congreso no se aguantó las ganas de vetar por enésima ocasión una iniciativa del Congreso que con mucho trabajo ya se había acordado previamente, a lo cual sumó un reconocimiento tan cínico como tardío de que su promesa de campaña de crear un millón de empleos al año terminó siendo otra de sus muchas tomadas de pelo.

Resistiendo los intentos de soborno y las tentadoras ofertas de altos y bien pagados puestos dentro del gobierno federal (nada fácil tratándose de jugosas prebendas con seis años de duración), los recién electos Diputados y Senadores del PRD tomaron la Tribuna de la Cámara de Diputados impidiendo así -por vez primera en la Historia de México- que el pro-Yunquista Presidente de México Vicente Fox pudiese rendir su último informe el 1 de septiembre del 2006, acusándolo desde la misma Tribuna de ser un traidor a la democracia. Y mientras esto ocurría, la consumación de la imposición legal de Felipe Calderón por el TRIFE como el próximo Presidente de México seguía en marcha, bajo la siempre vigilante mirada de la Organización Nacional del Yunque. Curiosamente, dos días después de la toma de la Tribuna del Congreso derivada de las elecciones más cuestionadas en la historia de México, falleció Warren Mitofsky, el analista creador de las encuestas de salida cuya metodología estaba seguro que le permitiría pronosticar al ganador de la Presidencia de México en el 2006 (repitiendo el éxito logrado en otras elecciones importantes), llevándose la duda a la tumba al caer el margen de diferencia de votos entre los dos principales contendientes dentro del margen de error estadístico y al ir aflorando las graves irregularidades halladas en el proceso.

Lo que sucedió a continuación la mañana del martes 5 de septiembre del 2006 ya es conocido por todos. En ese día, por unanimidad, los siete Magistrados del Tribunal Federal Electoral hicieron que dicho organismo cruzara su propio Rubicón, desechando todas las irregularidades cometidas dándoles un carácter intranscendente que no ameritaba sanción alguna, y haciendo a un lado definitivamente la posibilidad de la anulación del proceso electoral proclamaron en un veredicto legalmente inapelable a Felipe Calderón como Presidente electo de México, consumando así uno de los golpes políticos más espectaculares asestados por los extremistas de la Organización Nacional del Yunque para evitar perder las riendas del poder justo en los tiempos en los que la naturaleza de sus operaciones encubiertas estaba saliendo a la luz públicas haciéndolos peligrar como nunca antes en la Historia de México. (Se sabe por filtraciones e indiscreciones en las filas superiores de la Organización Nacional del Yunque así como de la organización Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara que la extrema derecha mexicana está tan satisfecha con los resultados logrados en México que ya planea exportar hacia otros países como Venezuela, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Nicaragua, España, Argentina e inclusive a Cuba la misma receta -empleada tan exitosamente en México- para instalar gobiernos operados tras bambalinas por gente afín a la ideología de ellos, usando las mismas tácticas de manejarse dentro de organizaciones secretas operando mediante la infiltración, la fanatización, el engaño, la simulación y la traición.)

El mismo día en que se consumó la imposición oficial de Felipe Calderón como Presidente de México, apareció en el prestigiado periódico norteño EL DIARIO un editorial titulado "Olvidos políticos importantes", elaborado por un ex-priista desilusionado tanto con el PRI como con el PAN, el Licenciado Sergio Conde Varela, el cual destaca la amnesia mostrada por los neo-panistas en la víspera de repetirse en el poder -como una vez lo hiciera el PRI- mediante prácticas condenadas por ellos mismos en un pasado no distante:

Los juarenses, chihuahuenses y mexicanos, debemos recordar algunos hechos en esta semana trascendente en la que el Tribunal Electoral de la Federación emitirá una resolución y de la cual se ha dicho favorecerá al candidato del PAN, porque dicha sentencia antes de ser decidida por los magistrados, fue publicitada por el presidente Fox, quien dijo que había ganado Calderón. Sin embargo después de ella la política mexicana tomará un rumbo inédito, de acuerdo con los hechos que se han dado a partir del 2 de julio del corriente.

Gabinete alterno: Manuel Clouthier y el PAN en l989, estuvieron de acuerdo y formaron el llamado gabinete alterno, después de las elecciones en las cuales se cayó el sistema de cómputo y resultó ganador Carlos Salinas de Gortari. Las elecciones fueron calificadas por el PAN como fraudulentas y se formó el gobierno alterno en donde Vicente Fox Quesada fue designado secretario de Agricultura y Fernando Canales Clariond, secretario de Fomento Industrial. El gobierno en ese tiempo decía que se respetaran las instituciones, como hoy lo dice el presidente Fox, desde la cima del Poder Ejecutivo. En esto hay un olvido político de acuerdo con las conveniencias, pues se impugna que López Obrador forme un gabinete alterno por ser antiinstitucional y se olvida el gabinete de Clouthier en el cual los dos personajes indicados fueron secretarios del ramo.

Octubre 1989: Militantes panistas indignados por el fraude electoral, prenden fuego a la alcaldia de Culiacán, Sinaloa; 142 heridos fue el resultado del acto neroniano. Ninguno de los responsables fue consignado. Hoy, los blanquiazules califican de violentos y rufianes (Hector Larios, coordinador panista) a los legisladores que el pasado 1º, tomaron la tribuna de la Cámara. Seguramente olvidaron lo del acto en la tierra de Clouthier en 89 y calificaron a los panistas de aquella época, como los caballeros templarios de la urna azul.

Felipe Calderón, 1996: “Yo no respetaré las reglas electorales, si el gobierno federal no respeta los resultados”, así lo dijo Felipe Calderón en ese año. Hoy, el mismo personaje afirma, “nada de voto por voto, ni casilla por casilla”, lo que diga el supremo gobierno a través del Tribunal Electoral Federal, el cual debe ser respetado sin chistar.

1992, Vicente Fox: “La votación ha sido una cochinada, por ello Ramón Aguirre no ganó”, dijo en ese año el hoy presidente. En estos días, sin respetar al TEPJF, anunció el Ejecutivo en diarios estadounidenses y alemanes: “ganó Felipe Calderón”.

Medios televisivos 2000: “Se nota que el candidato del PAN, Vicente Fox, es un barbaján, majadero y fuera de serie, al insultar como tepocatas, víboras negras y demás, a los integrantes de los gobiernos priístas. Con estos calificativos no tiene la estatura de hombre de Estado”. En esta campaña, al señalar López Obrador a Fox como chachalaca, los mismos medios dijeron que era “un majadero, barbaján y fuera de serie” el tabasqueño. Curiosidad histórica este hecho, porque Fox y Andrés Manuel tuvieron los mismos calificativos ayer y hoy.

PRI-PAN, antes y después: Hace años, los priístas dijeron: “Jamás alianzas con el PAN (partido de la antihistoria, Gonzalez H., l986), porque es un partido que no tiene raíz democrática y por lo tanto jamás dará fruto democrático. En Chiapas 2006, el PRI y el PAN hicieron alianza contra el PRD y caminaron de manita sudada en estas elecciones. Como los dos perdieron se habla de que vuelvan a intentarlo sus alianzas de brazo y por el Congreso.

Crisis política: En l986, en Chihuahua el PAN tomó los puentes internacionales de nuestra ciudad, violando radicalmente las leyes y en l992 tomó carreteras en Guanajuato con iguales consecuencias. En ese tiempo, tanto Barrio como el hoy presidente Fox, hablaban de una crisis política por fraudes electorales; en estos tiempos, el presidente se olvida de los antiguos y habla formalmente de que se respeten las instituciones, pero las cuales se hacen dúctiles a su parecer, porque no es lo mismo una suspensión fáctica de garantías por parte del gobierno, a las manifestaciones perredistas, que no son otra cosa sino un reflejo, pero ahora mayúsculo, de aquéllas llevadas a cabo en Chihuahua y Guanajuato por conflictos postelectorales. Desde luego que hay una diferencia importante, las de los panistas eran crisis políticas y la de López Obrador está clasificada como política-social, con el rumbo de abandonar la inútil tesis del neoliberalismo sostenida por los gobiernos de Salinas, Zedillo y el presidente Fox.

En el pasado se decía que el corcel de la revolución caminaba con paso firme y que los priístas tenían buenas piernas de jinete, en esta campaña el presidente Fox dijo algo que ya entenderán los magistrados electorales, “hay que cambiar de jinete pero no de caballo”, con clara alusión a su disposición de que ganara su correligionario Calderón. Hasta aquí.

Naturalmente, para que se pueda consumar el virtual "golpe de Estado" dado por los Yunquistas que están detrás de Felipe Calderón, no bastará simplemente con haber impedido que se llevara a cabo un nuevo conteo de votos como lo pedía la oposición. Es necesario destruír todas las evidencias. Es necesario destruír los paquetes electorales en donde descansan las pruebas finales sobre quién realmente ganó la Presidencia de la República. Sobre esto, es un mal precedente que el hombre que en el Congreso de la Unión planteó la quema de los paquetes electorales que documentaban el fraude electoral de 1988 -con el cual Miguel de la Madrid instaló como su sucesor a Carlos Salinas de Gortari- fue precisamente el "líder moral" panista de aquél entonces, Diego Fernández de Cevallos. De nada sirvió que los paquetes electorales de 1988 conservados en bultos en el Palacio Nacional estuviesen custodiados por el Ejército hasta ese día fatídico en que se les prendió fuego con la complicidad y complacencia del mismo partido político PAN que seguramente ahora planea repetir la hazaña cometida hace casi dos décadas.

Mirando seis años atrás, debemos reflexionar en unas palabras que aparecen en un reporte elaborado en el año 2000 conjuntamente por Global Exchange y Alianza Cívica, el cual advirtió ya desde entonces lo siguiente:

Viendo hacia la elección del 2006, falta por verse si el PAN utilizará la ventaja de estar en el poder y su control sobre el aparato del Estado de la misma monopolística y partidista manera en que lo hizo su predecesor.

La inclusión de la arriba mencionada Josefina Vázquez Mota, la funcionaria foxista a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que estuvo a cargo de todos los programas clientelares (OPORTUNIDADES, Seguro Popular, Procampo, Apoyo a la Tercera Edad) presuntamente utilizados para fomentar la captación de votos sobre todo en las zonas rurales más marginadas, al equipo de campaña de Felipe Calderón, ha dado ya una respuesta a esta incógnita planteada seis años atrás por Global Exchange.

Cuatro décadas atrás, México ya tuvo como Presidente un hombre intransigente cerrado a todo tipo de diálogo con quienes discrepaban de él, un hombre que también logró instalarse en la silla presidencial gracias a una antidemocrática maquinaria de Estado trabajando a favor suyo de principio a fin. Se trata de Gustavo Díaz Ordaz. La sangre de los cientos de muertos y heridos que dejó su intransigencia y su abuso del poder aún está fresca en la memoria de los sobrevivientes de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

No sólo Felipe Calderón, Vicente Fox, y los Magistrados del Tribunal Federal Electoral de México llegaron a una encrucijada en donde cada uno de ellos decidió tomar una decisión que le marcará por siempre su "punto sin retorno". También cuando un individuo sensato que aún no ha sido contaminado decide ingresar al mundo del narcotráfico, en el preciso momento en que está tomando su decisión dejándose seducir por la tentación del dinero fácil está cruzando su propio Rubicón, le está vendiendo su alma al diablo del tráfico internacional de estupefacientes. También cuando alguien, dejándose llevar por alguna de las muchas técnicas usuales de "lavados de cerebro" que preceden a estas conversiones de conciencia, decide ingresar a una secta enajenante como la "Iglesia de Unificación" del ahora multimillonario coreano Sun Myung Moon, o decide entregarle su vida entera y sus ahorros al santón alucinado de alguna secta desquiciante como Jim Jones o David Koresh o Marshall Applewhite también está cruzando su Rubicón del que tal vez ya no podrá regresar. Y lo mismo sucede con aquellos jóvenes católicos que dejándose engañar por las falsedades con las cuales la extrema derecha construye su propaganda, a espaldas de sus padres que con grandes sacrificios los mandan a estudiar a escuelas privadas como la Universidad Autónoma de Guadalajara se dejan enrolar dentro de una sociedad ultrasecreta bajo un pacto de lealtad que los compromete de por vida al momento preciso de tomarlo, ese momento preciso que para ellos se convierte en un "punto sin retorno" del cual ya no hay retroceso, ese instante preciso que marcará para siempre el resto de sus vidas.

¿Significa esto que es mejor no creer absolutamente en nada ni en nadie? ¿Significa esto que la única forma de evitar ser engullido por gente con dobles intenciones es dudar a ultranza de todos los demás? Afortunadamente, no. Aún hay cosas que, pese a su sencillez, todavía resisten el paso del tiempo y los fanatismos. Como la familia, como los buenos amigos, como las enseñanzas del Señor Jesús.

Consumada su imposición por la vía legaloide como el próximo Presidente de México, Felipe Calderón se apresta para gobernar a partir del primero de diciembre del 2006 un país políticamente fracturado en el que será permanentemente aborrecido por lo menos por quince millones de personas que por siempre lo verán como el fruto de un fraude electoral urdido como parte de la estrategia de una elección de Estado, como el beneficiario de una guerra sucia diseñada y financiada ampliamente por las fuerzas más reaccionarias del continente americano. Tendrá en su contra a quince millones de personas que no esperan absolutamente nada de él. Pero en todo caso, lo que más le pueda preocupar será cómo, habiéndose presentado como "el Presidente del Empleo", le va a cumplir sus promesas -muchas de ellas demagógicas e incumplibles- a quienes votaron por él y que pueden terminar detestándolo cuando les llegue el momento de sentirse defraudados, en especial los familiares de todos aquellos mexicanos que habiendo votado por él empiecen a morir en los desiertos de Arizona al huír exasperados de México por la falta de empleos. Y más le debe preocupar que tanto dentro como fuera de México muchos ya saben exactamente a quiénes les debe su dudoso triunfo, ya saben -y sigue corriendo la voz- la naturaleza de los intereses siniestros por los que está respaldado y con los que está comprometido. Y a estas alturas, le es imposible dar marcha atrás.

La suerte está echada. Alea iacta est.